El Gobierno combatirá frontalmente la trata de personas y sus formas de explotación, gracias a una política nacional elaborada por el equipo técnico especializado del Ministerio del Interior (Mininter) con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la participación de los integrantes de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, a fin de guiar las acciones contra este flagelo al año 2030.
La aprobación de la denominada “Política Nacional contra la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030” se hizo oficial hoy, mediante el Decreto Supremo N° 009-2021-IN, publicado en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Su objetivo principal es la prevención, control y reducción de este fenómeno, mediante la atención de los factores sociales y culturales que lo generan; y la persecución y sanción eficiente del delito de trata y de todo aquello vinculado a la explotación de personas.
Asimismo, constituye el principal marco orientador de política criminal en esta materia, busca la atención, protección y recuperación integral de las víctimas, y establece lineamientos criminológicos generales y específicos para su desarrollo.
Este instrumento también plantea objetivos prioritarios, establece lineamientos e incluye 42 servicios relacionados con la atención y prevención de este delito, así como con la protección de las víctimas y la sanción a los delincuentes que incurren en ello.
Dichos servicios, según la norma, son aplicados por diversos ministerios y otras instituciones, como el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entre otros de similar importancia, que forman parte de la comisión multisectorial y están comprometidas con la aplicación de esta nueva política.
En el caso del Mininter, uno de esos servicios es la Central Única de Denuncias (CUD) o Línea 1818, que atiende las 24 horas del día denuncias contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Con la implementación de esta política, se espera que las instituciones que luchan contra la trata de personas trabajen de forma articulada e implementen instrumentos eficientes para identificar casos de riesgo de victimización por este delito.
Según esta política, dichas entidades deberán investigar, fiscalizar, judicializar y sancionar los casos de trata de personas, además de establecer mecanismos de detección temprana de víctimas, e implementar unidades, programas y centros para atender y proteger a la población rescatada, sin distinción de edad o género.
El Ministerio del Interior, a través del Viceministerio de Seguridad Pública, es el ente rector en materia de lucha frente a este delito, y preside la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Como parte de ese rol, tiene a su cargo el seguimiento y la evaluación de esta política nacional, que estará vigente hasta diciembre del año 2030 y cuya implementación se financiará con cargo al presupuesto autorizado de los pliegos correspondientes.
La norma que oficializa esta política lleva las firmas del presidente de la República. Francisco Sagasti; de la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, así como de 12 ministros de Estado, entre ellos, el titular del Interior, José Elice. (NP 303-2021).
