Según un reciente estudio, tipificar este delito brinda mayores estrategias y herramientas de investigación a jueces y fiscales para ayudar a desactivar redes delictivas.
Un estudio de normativa presentado por el proyecto Prevenir de USAID, aplicado en una docena de países, demuestra que reconocer el delito de tráfico ilegal de vida silvestre como crimen organizado, intensifica la persecución penal e incrementa las sanciones.
Según el análisis, categorizar este delito brinda mayores estrategias y herramientas de investigación a jueces y fiscales para ayudar a desactivar redes delictivas y, por ende, es un desincentivo para los traficantes. “Perú es un blanco fácil para el comercio ilícito de vida silvestre en el mundo, ya que es un país megadiverso con variedad de flora y fauna”, mencionó Flavia Queirolo, parte del equipo del Environmental Law Institute (ELI), institución que elaboró el estudio.
El mercado negro internacional mueve cada año entre $7000 y $23 000 millones, y está estrechamente vinculado a las redes de corrupción del crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas, de personas, de armas, y el lavado de dinero. Cabe señalar que las regiones de Ucayali, Madre Dios y, en mayor medida, Loreto, concentran el mayor tráfico de vida silvestre en el país. Entre el 2013 y el 2019, la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto (GERFOR-Loreto) decomisó un total de 970 animales vivos, correspondientes a 97 especies diferentes.