Se supo que la Inspectoría General investigaba al oficial por presunto mal uso de fondos institucionales.
Ferrer Solís se mató con la pistola que le dio el Estado para defender la vida de los demás y que, por ironías del destino, usó para acabar con la propia.
Lo hizo en su cuartel de la avenida Bolivia, el cual colinda con las instalaciones de la Sétima Región PNP de Lima.
Sus compañeros, abrumados, dijeron desconocer los motivos que lo indujeron a adoptar la fatal resolución.
No se ha determinado si el suicidio fue por problemas personales o guarda relación con la investigación iniciada hace unos días a la Unidad de Control de Tránsito.
Trascendió que la Inspectoría General indagaba las razones por las que no se había entregado al personal de ese destacamento, desde el mes de mayo, el dinero que le corresponde por 'Compensación Municipal'.
A cada policía de tránsito le toca un porcentaje de las papeletas que imponen a choferes infractores de la ley.
Desde que ese pago lo asumió el Ministerio del Interior (antes lo hacía la Municipalidad de Lima) empezaron a deber a los policías.
"Todas las sospechas se habían centrado en el coronel Ferrer. Las pesquisas estaban bien encaminadas", indicó.