Desde el pasado 2017, cada 21 de agosto es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, fecha que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fin de honrar y apoyar a las víctimas del terrorismo, además de promover y proteger el goce pleno de sus derechos humanos y libertades.
En el Perú, según el Registro Único de Víctimas (RUV) se ha acreditado hasta la fecha un total de 249,535 personas y comunidades afectadas por el periodo de violencia que vivió entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, durante la escala armada de grupos subversivos establecidos en el centro y sur del país, que buscaba derrocar al entonces gobierno peruano y establecer un gobierno bajo la doctrina comunista.
El conflicto, que además habría dejado cerca de 70 mil personas muertas, según estimación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se inició cuando el grupo político Sendero Luminoso atacó e incendió las urnas electorales en el poblado de Chuschi, en Ayacucho, en las elecciones generales de 1980.
La recopilación de la información de las víctimas de esta etapa en la historia peruana se da después de la caída del expresidente Alberto Fujimori, cuando en el país se instaura un gobierno provisorio liderado por Valentín Paniagua, el cual creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para investigar a las víctimas de este conflicto interno armado.
De la cifra de acreditados hasta ahora en el RUV, que es una instrumento que instituye el Plan Integral de Reparaciones del Estado, 228,021 corresponden a víctimas individuales; 5,712 a comunidades; 138 a organizaciones de desplazados no retornantes y 15,115 a beneficiarios especiales de reparaciones en educación.
