La Contraloría General de la República informó que un total de 2,137 funcionarios y servidores públicos se encuentran suspendidos o inhabilitados de forma temporal para ejercer la función pública, al haber sido sancionados administrativamente por inconducta funcional.
La situación de estos sancionados no se verá perjudicada por la sentencia del Tribunal Constitucional, debido a que se trata de sanciones firmes o consentidas. Algunos de estos funcionarios cuentan con dos a más sanciones vigentes.
Cabe señalar que los departamentos que presentan el mayor número de sancionados son: Lima, Cusco, Cajamarca, Lambayeque y Puno. Mientras que Ica, Callao, Madre de Dios, Moquegua y Loreto concentran una cifra menor.
El 97 % de los sancionados fueron suspendidos para ejercer la función pública (de 1 a 5 años), lo que conlleva a su desvinculación laboral con el Estado. Para el 3 % aplicará temporalmente entre 30 a 60 días.
Las sanciones vigentes han sido comunicadas a los titulares de las entidades públicas del país, a fin de que ejecuten con prontitud las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios.
