Demandas laborales aumentan en el total de reclamos judiciales

Los reclamos en el campo laboral se han convertido en la segunda materia más judicializada en todo el Perú, después de las demandas civiles y de familia, y solo es superada por las demandas penales. Así lo dio a conocer el abogado laboralista Jorge Toyama al diario Gestión.

El especialista detalló que hay tres razones que explican esta judicialización de lo laboral. Principalmente lo atribuye a que ahora hay más conocimiento en materia laboral por parte de los trabajadores y abogados, gracias al mayor acceso que hay a la información.

También señala que la forma cómo se tramita el proceso judicial (que es oral), privilegia un rol protagónico del juez, y la exposición verbal de la defensa, lo que hace más dinámica esta instancia.

Toyama refiere que todos estos factores han hecho que el plazo para llegar a una sentencia definitiva se reduzca a un periodo de 2 a 3 años; también ha posibilitado que los trabajadores obtengan la reposición en el centro de trabajo en un lapso corto de entre 3 a 6 meses.

De esta forma, menciona Toyama, el Poder Judicial permite obtener a los trabajadores beneficios más allá de los legales, dando contenidos favorables a los colaboradores en las zonas grises, como lo es la creación de la reposición por parte del Tribunal Constitucional, el pago de daños y perjuicios, que sugiere una judicialización de la política del sector trabajo.

PROYECCIONES

Toyama afirmó en el referido medio, que en el corto o mediano plazo, esta situación no cambiará, por lo que las empresas deben proyectar que los criterios inspectivos laborales y judiciales serán más favorables para los trabajadores que para las inversiones.

Otro aspecto que podría cambiar, refiere Toyama, es que podría establecerse una jornada laboral anual de 2,200 horas, lo que permitiría a las empresas contratar a trabajadores por cuatro meses completos, incluyendo sábados, domingos y feriados para que puedan gozar de descansos proporcionales.

El especialista indica que las empresas deben tener en cuenta que los criterios inspectivos laborales y judiciales serán más favorables para los trabajadores.