Falta de agua: muchos peruanos aún no tienen acceso a este recurso vital

El reciente aniego ocurrido en San Juan de Lurigancho, que ha dejado como saldo más de dos mil damnificados y una persona fallecida, ha puedo sobre el tapete el gran desafío pendiente que tiene el sistema público de agua y alcantarillado en el país.

Abastecimiento insuficiente

De acuerdo a cifras del INEI al 2017, el 89% de las viviendas a nivel nacional cuenta con acceso a agua potable y el 73% a la red pública de alcantarillado. Sin embargo existe un gran retraso en el sector rural.

En el área urbana, el 94% de las viviendas disponen de agua potable mientras que en el rural la cobertura alcanza al 72%. En cuanto al sistema de alcantarillado, en la zona urbana se alcanza al 72% y en la rural apenas al 18%. Solo un 48% de viviendas en todo el país tienen acceso al agua de por lo menos 16 horas al día.

Inadecuada gestión

El Estado es el único encargado de proveer de agua y alcantarillado a los peruanos. En el ámbito urbano son las EPS (Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento) las encargadas; en cambio, en el ámbito rural son las organizaciones comunales.

Actualmente en el el país existen 50 EPS. Finalizando el 2017, más de la mitad de estas operaron con pérdidas financieras y 13 presentaron severas deficiencias financieras y operativas por lo que ahora se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) para mejorar su eficiencia y asegurar su sostenibilidad.

Los diversos problemas que presentan las EPS están relacionados con los escasos recursos que manejan, los mismos que provienen del cobro de la tarifa que pagan los usuarios.

Frente a esta situación, entre el 2017 y el 2018 fueron transferidos aproximadamente S/.500 millones a las EPS con el fin de fortalecer su capacidad de gestión.

Falta de inversión

De acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura, la brecha existente en el sector saneamiento para el periodo 2016 – 2025 asciende a US$ 12 mil millones.

Es importante conocer que la inversión de este sector es principalmente responsabilidad de los gobiernos locales. En esta línea hay que resaltar que en el último periodo de las autoridades subnacionales, las municipalidades explicaron casi tres cuartos del presupuesto para este sector, pero no las han empleado en su totalidad.

Durante el periodo 2015- 2018, los municipios ejecutaron menos de dos tercios de su presupuesto para inversión en infraestructura de saneamiento, mientras que los gobiernos regionales y el gobierno central ejecutaron, en promedio, más del 80%, en el mismo periodo.

Cerrando brechas

En la zona urbana aún queda pendiente el desafío de mejorar el nivel del servicio, mientras que en la zona rural aún se adolece de una infraestructura insuficiente. En esa línea es prioritario realizar una reforma de las EPS y su administración dado que sus dificultades operativas y financieras afectan negativamente el acceso al servicio.

El problema principalmente radica en las dificultades por las que atraviesan las EPS, los mismos que están relacionados a los bajos recursos que manejan.