La Corte Suprema presentó al congreso un proyecto de ley que propone endurecer la pena para “el que ilícitamente intercepta, interfiere o difunda de cualquier manera, comunicaciones, conversaciones o imágenes privadas”.
A través de la modificación del artículo 162 del Código Penal referido a la interceptación, dicha iniciativa indica que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y de 180 a 360 días de multa a quien cometa este ilícito.
La iniciativa legislativa precisa que “tratándose de actos de difusión, el Juez podrá declarar exento de pena al agente, cuando resulte evidente que éste ha actuado en interés de causa pública o para evitar o denunciar la comisión de un delito perseguible de oficio”.
Esta enmienda permitirá a la prensa difundir este tipo de comunicaciones atendiendo a claras situaciones de interés público, que solo ellos evaluarán, así como para evitar la comisión de un delito o para denunciarlo públicamente, a fin de que el órgano competente investigue de oficio.
Asimismo, se plantea que la pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez años y de 380 a 500 días de multa, cuando el agente es funcionario público, el delito se realice utilizando medios de comunicación, cuando es cometido por lucro, o por dos o más personas, o por el integrante de una organización criminal.
Además, cuando el contenido de las conversaciones o imágenes privadas, comprometen o afectan la seguridad nacional y el contenido de estas pláticas o imágenes privadas son lesivas al honor o buena reputación de las personas relacionadas con ellas.
Por otro lado, las personas jurídicas involucradas en la realización, favorecimiento o encubrimiento del delito, serán sancionadas con las consecuencias accesorias que corresponda según lo establecido en el artículo 105 del Código Penal.
Fuente Andina
