El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en los centros penitenciarios de alta peligrosidad a nivel nacional, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por la persistencia de la perturbación de la paz y el orden interno.
Así lo establece el Decreto Supremo 148-2026-PCM, publicado hoy en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La medida comprende los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
Durante dicho plazo, la Policía mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, incluyendo la protección del perímetro circundante de las cárceles, hasta un radio de 200 metros desde sus límites exteriores.
DERECHOS FUNDAMENTALES
La norma especifica también que el INPE mantiene la administración y custodia de las prisiones, y que la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, desplegará operativos para garantizar la seguridad de las cárceles.
Asimismo, se indica que la actuación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se rige por los principios de legalidad, unidad de acción y respeto a los derechos fundamentales, de conformidad con los Decretos Legislativos Nº 1186 y Nº 1095.