El ministro Luis Jiménez señaló que el Gobierno comenzó a implementar el Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario. Indicó que un equipo del Instituto Nacional Penitenciario ya trabaja en expedientes, de los reos, que serán remitidos al Poder Judicial para su pronta evaluación.
“Este plan tiene como horizonte el año 2028. Quiere decir que le vamos a dejar al gobierno que asuma en unos meses este plan para que puedan continuar y si desean potenciarlo, pero que no se vaya a quedar en una gestión de unos meses. Estamos dejando esa hoja de ruta", sostuvo.
Dijo que unos 24,739 reos podrían ser considerados dentro de esta política. “Se está considerando delitos de baja gravedad, como omisión de asistencia familiar, delitos dolosos y leves con sentencias menores a cuatro años” no “delitos graves como homicidio, sicariato o extorsión”, manifestó.
CENTROS PENITENCIARIOS
Durante visitas realizadas a distintos establecimientos penitenciarios, el titular de Justicia y Derechos Humanos identificó altos niveles de sobrepoblación. Puso como ejemplo el penal de San Juan de Lurigancho, con capacidad para 3,000 internos, pero alberga a cerca de 10,000 personas.
En otros centros penitenciarios, como los Chincha y Pucallpa, se reportaron celdas con más del triple de su capacidad, donde deberían estar recluidos 8 reos hay 21, lo que dificulta enormemente el control de la seguridad interna, declaró Jiménez Borra en entrevista con Canal N.