A más de dos meses de la muerte del artista urbano Mauricio Ruiz Sanz, conocido como ‘Trvko’, la investigación fiscal continúa sin avances concretos. El expediente del caso, marcado por una disputa de competencias, ha pasado por diversas fiscalías sin que ninguna asuma plenamente la investigación, y ahora se encuentra en una fiscalía suprema penal cuya decisión final recaerá en Patricia Benavides, lo que ha encendido alertas por un posible escenario de impunidad.
El asesinato de ‘Trvko’ ocurrió durante las protestas del 15 de octubre producto de una bala disparada por el SO3 Luis Magallanes, la cual sigue siendo el eje de una investigación que, hasta ahora, no tiene despacho definido. El expediente transitó por fiscalías de Derechos Humanos, por el fuero penal común y por el Equipo Fiscal de Casos con Víctimas en Protestas (Eficavip), instancia que rechazó intervenir al señalar que solo atiende casos de los años 2022 y 2023. Este recorrido ha generado críticas de la familia, organizaciones de derechos humanos.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), su secretaria ejecutiva, Tania Pariona, advirtió que la demora representa un “riesgo inminente de impunidad” y cuestionó que el caso haya sido derivado a despachos sin especialización en derechos humanos. Según señaló, esta situación limita la capacidad de investigación y se agrava por presuntas presiones, falta de transparencia y ausencia de diligencias clave, como pericias balísticas, análisis de videos y protección a testigos.
INVESTIGACIONES NO AVANZAN
El proceso tuvo un inicio distinto. El 16 de octubre, el fiscal provincial Roger Yana, de la Tercera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, abrió diligencias preliminares por homicidio calificado con alevosía contra quienes resulten responsables dentro de la Policía Nacional.
El 23 de octubre, Yana modificó la investigación: asumió la versión del jefe de la PNP, Óscar Arriola, de que el disparo letal fue “de rebote” y no intencional; tipificó el caso como “homicidio simple culposo”; sostuvo que ya no era un caso de derechos humanos; y se inhibió, derivándolo a una fiscalía penal común.
Posteriormente, el 5 de noviembre, la Segunda Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima rechazó investigar el caso. Según documentos revisados por IDL-Reporteros, la fiscal provincial Fara Cubillas sostuvo que el asesinato ocurrió en un contexto de violación de derechos humanos y devolvió el expediente.
Para Roger Ruiz, padre de la víctima, el caso se ha convertido en una cadena de derivaciones sin resultados. Asegura que en más de dos meses no se ha citado a testigos ni se han realizado investigaciones sustanciales, pese a la existencia de registros audiovisuales y testimonios.
