La congresista Susel Paredes, integrante del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que busca reconocer el trabajo sexual como una actividad económica lícita para mayores de edad. La iniciativa plantea que quienes ejerzan esta labor gocen de los mismos derechos laborales y de protección que cualquier otro trabajador en el país.
El documento señala que el trabajo sexual no debe permanecer en la clandestinidad, sino ser tratado como una ocupación regulada y diferenciada de la trata de personas o de cualquier forma de explotación. Paredes enfatizó que la propuesta no busca incentivar la prostitución, sino garantizar un marco jurídico que respalde a quienes ejercen esta actividad de manera voluntaria.
La propuesta legislativa reconoce derechos como el acceso a servicios de salud integral, la provisión de métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual, la confidencialidad respecto a la ocupación y la posibilidad de afiliarse a sindicatos. También establece que los trabajadores sexuales puedan participar en programas estatales sin discriminación y organizarse en espacios autorizados bajo normas de salubridad y seguridad.
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
El proyecto también dispone obligaciones, como el respeto a normas de seguridad, salud y orden público, y prohíbe exigir pruebas de VIH como requisito para ejercer la actividad. Además, garantiza la protección frente a la violencia y el hostigamiento, precisando que la negativa de una persona a realizar actos sexuales no puede ser motivo de sanción ni incumplimiento de pago, y declara nulas las cláusulas contractuales que vulneren estos principios.
La propuesta asigna al Ministerio del Interior, la Policía Nacional y los gobiernos locales la tarea de implementar mecanismos de seguridad, registro voluntario y denuncia protegida. Asimismo, se contempla la creación de campañas de sensibilización para eliminar estigmas sociales y capacitar al personal estatal en un trato digno hacia quienes ejercen el trabajo sexual, con el objetivo de frenar abusos en redadas, detenciones arbitrarias y cobros indebidos.
