Ulises Villegas y exfuncionarios de Independencia condenados a seis años por colusión agravada

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte logró una sentencia condenatoria contra Ulises Villegas, actual alcalde de Comas, y exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Independencia por el delito de colusión agravada. En primera instancia, el Segundo Despacho de esta fiscalía, a cargo del fiscal Jorge Mauro García Juárez, obtuvo seis años de pena privativa de la libertad con ejecución diferida para Villegas, quien actuó como representante de la empresa UDEL Group, así como para Rubén Jiménez (exgerente municipal), Elizabeth Espinoza (exgerente de Infraestructura), Pedro Ancajima (exingeniero de planta) y César Cervantes (exsupervisor de obra). La sentencia incluye la inhabilitación por cinco años para ejercer funciones públicas y contratar con el Estado.

El caso se remonta a 2017, cuando UDEL Group se adjudicó la obra “Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz de los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante”. Según la investigación fiscal, los sentenciados acordaron entregar la obra a pesar de que estaba inconclusa, causando un perjuicio económico al Estado. La fiscalía sustentó la acusación con pruebas como el expediente técnico, informes de la Contraloría General de la República, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y pericias de ingeniería civil, contabilidad y economía.

Condenas adicionales por falsedad ideológica

Además, el Ministerio Público logró que Santos Espinoza (exgerente de Gestión Ambiental) y Raymundo Concepción (exgerente de Administración y Finanzas) sean condenados a tres años de pena efectiva, también con ejecución diferida, por el delito de falsedad ideológica. Los sentenciados por colusión agravada deberán pagar 365 días multa, mientras que los condenados por falsedad ideológica enfrentarán 180 días multa, sanciones que se ejecutarán si la sentencia es confirmada en segunda instancia. Este fallo refuerza el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción en la gestión pública.

La sentencia marca un precedente en la fiscalización de proyectos municipales y pone en evidencia irregularidades en la ejecución de obras públicas. El proceso judicial sigue en curso, pendiente de una posible apelación que definirá la confirmación de las penas. Este caso resalta la importancia de la transparencia y la correcta administración de los recursos del Estado en beneficio de la ciudadanía.