En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo insta al Estado, en todos sus niveles de gobierno, a eliminar la discriminación estructural que existe en la sociedad peruana y garantizar el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de oportunidades con las demás.
“Es preocupante la permanencia de actos y prácticas discriminatorias en los servicios públicos y en la sociedad, esta situación genera desigualdad y vulneración de derechos en el acceso a salud, empleo, educación, justicia y participación ciudadana de las personas con discapacidad, por ello es importante el compromiso de las electas autoridades regionales y locales en el cumplimiento de la asignación del 1 % de su presupuesto en beneficio de las personas con discapacidad: 0,5 % para accesibilidad urbanística y arquitectónica y 0,5 % para el funcionamiento de las oficinas de atención a la discapacidad” señaló la defensora del pueblo, Eliana Revollar.
En cuanto a la educación, se ha identificado en diferentes supervisiones que niñas, niños y adolescentes con discapacidad se enfrentan a barreras para acceder a este derecho porque las instituciones educativas presentan infraestructura inaccesible, falta de docentes capacitadas/os, incumplimiento de la reserva de matrícula, falta de materiales didácticos adaptados y falta de implementación de ajustes razonables en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Asimismo, en supervisión a universidades públicas y privadas, se halló similar situación para estudiantes con discapacidad, pese a que las instituciones tienen la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y egreso en el sistema educativo para así favorecer el aprendizaje efectivo y oportuno.
Con respecto a empleabilidad, la Defensoría del Pueblo advierte que el cumplimiento de la cuota laboral para las personas con discapacidad es un desafío pendiente para las instituciones públicas y privadas. “Necesitamos promover la contratación de personas con discapacidad y garantizar su permanencia en el lugar de trabajo, incluso mediante la implementación de ajustes razonables que les permita realizar adecuadamente sus labores”, señaló Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
En el acceso a la salud, la emergencia sanitaria por COVID-19 puso en evidencia mayores barreras en los servicios, como la falta de estos para la diversidad de personas con discapacidad, así como de información accesible, detección temprana, rehabilitación, capacitación al personal de salud para la atención a personas con discapacidad, incumplimiento de la atención preferencial e infraestructura inaccesible en hospitales y centros de salud.
“Luego de supervisar 67 establecimientos de salud mental, incluidos 10 establecimientos psiquiátricos y 57 hogares protegidos, alertamos que el presupuesto asignado al control y prevención en salud mental actualmente representa solo el 0,2 % del presupuesto nacional y el 1,6 % del presupuesto asignado a la función salud, lo cual resulta mínimo teniendo en consideración que los problemas de salud mental representan gran porcentaje de los problemas de salud en general en la población”, agregó Pineda.
De acuerdo con el último Censo del 2017, en nuestro país hay 3 209 261 personas con discapacidad, lo que representa el 10,3% de la población. Es decir, uno de cada 10 peruanos/as tiene discapacidad. El 48.3% tiene dificultades para ver, el 15.1% dificultades para moverse o caminar mientras un 18,5% tiene dos o más discapacidades. Del universo total, el 56.7% son mujeres y el 43.3% varones. Asimismo, 40.1% son personas adultas mayores y 14.3% niñas, niños y adolescentes.
La Defensoría del Pueblo en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas mantiene acciones permanentes de vigilancia, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
