Esta mañana, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó un habeas corpus ante el Poder Judicial para dejar sin efecto la inmovilización social dispuesta anoche por el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, para este martes 5 de abril.
El documento señala que una medida como el estado de emergencia no puede implicar anular el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, sino únicamente una restricción razonable, proporcional y excepcional en virtud a las circunstancias que ponen en peligro el orden interno de la nación.
No evalúan otras vías menos lesivas
“Por lo que, si bien se puede cumplir los criterios formales para el dictado de un estado de emergencia, resulta cuestionable la restricción del derecho a la libertad de tránsito, que se realiza a través del acto de inamovilidad, sin mayor análisis de razonabilidad y proporcionalidad”, se lee en el escrito presentado a un magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
“Asimismo, la medida resulta contraria al principio de necesidad, pues no evalúa la existencia de otras vías menos lesivas para garantizar la finalidad constitucional consistente en preservar el orden público e interno y, tampoco, demuestra que los mecanismos de concertación y diálogo constituyan alternativas destinadas al fracaso para revertir el convulso contexto social”, añade el oficio.
