La Defensoría del Pueblo alertó sobre el pobre avance de los municipios para controlar a los comerciantes informales que se han ubicado en zonas comerciales así como su reubicación, dijo que el presupuesto asignado a los municipios para la contratación de fiscalizadores se ha ejecutado mínimamente.
"Esta situación es previsible, es una situación que se repite año tras año. En un contexto normal, la llegada de estas fiestas siempre implica aglomeraciones adicionales a las ya existentes (...) Las municipalidades tienen el deber de fiscalizar, entre otros, el comercio ambulatorio, y a la par generar espacios públicos adecuados para que se pueda reubicar a estos comerciantes ambulantes", explicó Jessica Rodríguez, comisionada de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo.
¿QUÉ MUNICIPALIDADES NO HAN EJECUTADO EL PRESUPUESTO?
Según esta entidad, las municipalidades de Lima, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y El Agustino han ejecutado menos del 32% del presupuesto asignado para combatir la concentración de personas. En tanto, las municipalidades de Chorrillos, Villa El Salvador, San Martin de Porres, Rímac, Independencia y Santa Anita solo han usado el 30% y el 40%.
Los municipios de Villa María del Triunfo, Comas y Los Olivos ejecutaron el 50% del presupuesto, y Ate y Puente Piedra invirtieron el 67.5% y 61.6% respectivamente. Mientras que La Victoria informó en noviembre pasado que el presupuesto para evitar las aglomeraciones se terminó, y el Rímac advirtió que su presupuesto se agotará el próximo 31 de diciembre.
