El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, sostuvo que las medidas para reducir la población penitenciaria, en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19, no ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
Fue enfático en señalar que no se beneficiará a sentenciados por delitos graves, como robo agravado, delitos sexuales, homicidios o feminicidios, porque de por medio está la seguridad de todos los peruanos.
“Mucho se habla, liberemos a la mayor cantidad de presos, bueno comento que ningún país del mundo libera a presos por delitos graves (…) Eso no va ocurrir, ni siquiera los organismos internacionales recomiendan liberar presos de alta peligrosidad o delitos graves”, señaló en Exitosa.
Finalmente, indicó que remitió un oficio al presidente de Poder Judicial, José Luis Lecaros, a fin que pudiera exhortar a los jueces para que actúen de oficio y puedan reactivar mecanismos pendientes de resolución y que indicen directamente sobre el deshacinamiento.