En lo que va de año, representantes del sector salud cerraron unos 30 sanatorios ilegales que consideraban la homosexualidad como una enfermedad, por lo que ofrecían una posible cura a esta “padecimiento”.
“Dicen que son 200 en el país, es posible, si nosotros clausuramos casi 30, sería muy importante que denunciaran los afectados para que se clausuraran todas las clínicas ilegales”, dijo el ministro de Salud Pública, Nicolás Jara.
Karen Barba, representante de la fundación Causana, explicó que estas clínicas se esconden detrás de centros de rehabilitación de personas adictas a las drogas, que aparentemente son legales, pero que se convierten en inconstitucionales cuando dan tratamientos a homosexuales, ya que la Carta Magna del país, aprobada en 2008, es la primera que reconoce los derechos de estas personas.
Paola Ziritt, de 28 años, estuvo dos años ingresada en uno de estos centros, donde “fue perdiendo las fuerzas para vivir”, tras sufrir diferentes abusos, incluso sexuales, insultos y torturas, como estar esposada, días sin comer, palizas o que los guardias le tiraran orina o agua helada por encima.
Pese que la madre de Ziritt fue quien la ingresó a la clínica -pues en ese entonces pensaba que la homosexualidad se podía curar- ella misma la sacó de ahí, después de que su hija le hiciera llegar, a escondidas, una carta.
Por su parte, la activista Cayetana Salao manifestó que los homosexuales “no se sienten protegidos por el Estado” y explicó que diferentes colectivos organizaron un juicio simbólico en el cual el principal testimonio fue Ziritt y en el que se juzgó a diferentes autoridades por la existencia de los centros.
Entre el público que asistió a este acto se encontraba la asambleísta, María Paula Romo, quien resaltó que hay “discursos religiosos y políticos que se reproducen en la familia” y que reflejan perjuicios contra los homosexuales, lo que se tiene que combatir con educación.
