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Miércoles, 29 de junio del 2011

La Unión Europea ampliará derechos de los inmigrantes

La Unión Europea ha apoyado ampliar los derechos de los inmigrantes de terceros países que vienen a trabajar y vivir en la UE, en una nueva ronda de negociaciones de la llamada directiva del “permiso único”.

La Unión Europea ampliará derechos de los inmigrantes

La Unión Europea ha apoyado ampliar los derechos de los inmigrantes de terceros países que vienen a trabajar y vivir en la UE, en una nueva ronda de negociaciones de la llamada directiva del “permiso único”.

La Unión Europea ha apoyado ampliar los derechos de los inmigrantes de terceros países que vienen a trabajar y vivir en la UE, en una nueva ronda de negociaciones de la llamada directiva del “permiso único”, estancada desde hace meses por las discrepancias entre el Consejo y el Parlamento Europeo (PE).

Se trata de simplificar los trámites para trabajar en la UE de forma legal cuando existe oferta de empleo y de asegurar que estos nuevos trabajadores tengan los mismos derechos que los nacionales respecto a la formación, afiliación sindical o ayudas de vivienda, entre otros, según han informado fuentes europeas.

El acceso de los inmigrantes de terceros países a estos derechos ha sido durante las negociaciones el principal caballo de batalla entre el Consejo y el PE, pues la Eurocámara tumbó la propuesta inicial porque a juicio de la mayoría de grupos los recién llegados no podían tener los mismos derechos que los trabajadores europeos.

Los países y el PE sí habían llegado ya hace meses a un consenso sobre el otro gran elemento de la futura directiva de permiso único, para que con una sola solicitud, los inmigrantes legales reciban respuesta a su petición de permiso de trabajo y residencia.

Esta directiva tiene el objeto de prevenir la inmigración ilegal y los abusos que llevan a cabo las mafias, al tiempo que se facilita la contratación legal.

El próximo 12 de julio, la comisión de Libertades Civiles del PE votará esta nueva propuesta, sobre la que se pronunciará el pleno de la Eurocámara en su sesión de septiembre.

Cuando todas las instituciones hayan dado su visto bueno, los gobiernos tendrán dos años para transponer a sus legislaciones nacionales la nueva normativa.

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