Trump Media and Technology Group, empresa propietaria de Truth Social, enfrenta una demanda presentada en Nueva York contra Truth API, un servicio de suscripción que permite a determinadas firmas recibir publicaciones de algunas cuentas de la plataforma antes de que estén disponibles para el público general.
El servicio, lanzado este mes, está dirigido principalmente a empresas de negociación de alta frecuencia y ofrece acceso anticipado a publicaciones de cuentas con alta relevancia para los mercados financieros. Entre ellas se encuentran las de Donald Trump, la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance, el director del FBI, Kash Patel, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
Los contratos tienen un costo de entre 60.000 y 100.000 dólares mensuales. Según directivos de la compañía, más de diez clientes se han suscrito al servicio, en su mayoría firmas dedicadas a operaciones de alta frecuencia.
El consejero delegado interino de Trump Media, Kevin McGurn, señaló que los usuarios del servicio reciben las publicaciones “ligeramente más rápido” que el resto de usuarios. La empresa ha presentado Truth API como un mecanismo de acceso en tiempo real a publicaciones de Truth Social que podrían tener impacto en los mercados.
La iniciativa ha generado cuestionamientos de The Intercept y la Freedom of the Press Foundation, organizaciones que acudieron a los tribunales para solicitar que se suspenda el servicio.
Los demandantes sostienen que las publicaciones de carácter presidencial deben estar disponibles en igualdad de condiciones para el público y alegan que Truth API podría vulnerar la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La demanda también incluye a Donald Trump, al jefe adjunto de gabinete Dan Scavino, a la asistente ejecutiva Natalie Harp y a la Oficina Ejecutiva del Presidente.
PARTICIPACIÓN DE DONALD TRUMP
Trump mantiene una participación aproximada del 41 % en Trump Media and Technology Group mediante un fideicomiso revocable supervisado por su hijo mayor, Donald Trump Jr. Según la información difundida, dicha participación está valorada en cerca de 1.000 millones de dólares.
El caso deberá ser evaluado por los tribunales de Nueva York, que determinarán si el funcionamiento de Truth API vulnera las disposiciones constitucionales planteadas por los demandantes.
