El gobierno de Donald Trump fue demandado por veinticinco estados de Estados Unidos, por sus nuevos aranceles, que calificaron de un "pretexto" para reemplazar los gravámenes que la Corte Suprema anuló en febrero.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, lideró la acción legal junto a otros 24 estados, argumentando que la administración busca aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y empresas tras haber perdido en el máximo tribunal.
Nueva base legal para aranceles
El gobierno de Trump impuso en julio aranceles de dos dígitos a 59 países y la Unión Europea bajo el argumento de que no frenaban las importaciones producidas con trabajo forzoso. Estos nuevos gravámenes entraron en vigor al expirar los aranceles temporales del 10% que Trump había implementado tras el fallo de la Corte Suprema, que dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autorizaba estos cobros.
Ahora, la administración recurre a la Sección 301 de la Ley de Comercio del año 1974, una herramienta que ya utilizó en su primer mandato contra China y que ha superado impugnaciones judiciales.
Posición del gobierno y alcance de aranceles
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la medida señalando que "Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de actos, políticas y prácticas injustificadas que gravan el comercio de Estados Unidos". Los nuevos aranceles, que oscilan entre el 10% y el 12,5%, afectan a países que representan el 99% de las importaciones estadounidenses.