La discusión sobre restringir el acceso de menores de edad a las redes sociales ha cobrado fuerza en Europa, donde varios gobiernos evalúan medidas más estrictas inspiradas en la experiencia de Australia. En ese país, desde el 10 de diciembre de 2025 rige una prohibición que impide a adolescentes menores de 16 años utilizar plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o X. La medida, considerada inédita a nivel mundial, ha despertado interés en distintas capitales europeas que buscan reforzar la protección digital de niños y adolescentes.
En Alemania, el canciller Friedrich Merz ha señalado que una regulación más severa podría contribuir a evitar problemas en el desarrollo social y emocional de los jóvenes. En España, el presidente Pedro Sánchez ha advertido sobre los riesgos de un entorno digital sin control, mientras que el mandatario francés Emmanuel Macron ha defendido la necesidad de impedir la manipulación comercial de las emociones de los menores. Aunque ningún país del continente ha concretado todavía un veto total, naciones como Noruega, Grecia, Reino Unido, Dinamarca, Italia y Países Bajos debaten fórmulas para limitar el acceso o endurecer los controles de edad. A nivel comunitario, la Unión Europea también ha mostrado disposición a respaldar restricciones bajo ciertos parámetros.
Australia como referencia en el debate europeo sobre redes sociales y menores
El modelo australiano, aplicado bajo la supervisión de la comisionada de Seguridad Electrónica Julie Inman Grant, obligó a las empresas tecnológicas a bloquear millones de cuentas identificadas como pertenecientes a menores de 16 años durante los primeros días de vigencia. Sin embargo, expertos locales advierten que estas cifras no necesariamente reflejan el impacto real. Investigadores como Tama Leaver, de la Universidad Curtin, sostienen que no existe un desglose público que permita determinar cuántas nuevas cuentas pudieron haberse creado con datos falseados. Además, señalan que los sistemas de verificación de edad, incluidos los basados en selfis, presentan limitaciones técnicas que dificultan un control completamente eficaz.
Otras voces en Australia piden prudencia antes de replicar el esquema. Susan Sawyer, del Instituto Murdoch de Investigación Infantil, considera prematuro que otros países adopten medidas similares sin evaluar primero sus resultados. En Europa, especialistas como Stephan Dreyer, del Instituto Leibniz de Investigación en Medios de Hamburgo, recuerdan que el bloque ya cuenta con herramientas regulatorias como la Ley de Servicios Digitales y un marco robusto de protección de datos, lo que podría hacer más compleja la aplicación de una prohibición nacional estricta. Para estos analistas, la experiencia australiana evidencia tanto el atractivo político de una medida contundente como los desafíos técnicos y legales que implica implementarla.
