La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la reforma que reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, una iniciativa promovida por el Ejecutivo como parte de su estrategia contra la inseguridad. La votación obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, marcando un avance clave en la agenda legislativa del presidente Javier Milei y colocando el tema en el centro del debate político y social.
Reforma penal juvenil avanza en el Congreso argentino
El proyecto establece un nuevo Régimen Penal Juvenil con un sistema integral para tratar los delitos cometidos por adolescentes. La propuesta fija que las penas privativas de libertad no podrán superar los 15 años y contempla su cumplimiento en el domicilio, centros de menores o espacios diferenciados dentro de establecimientos penitenciarios. Desde el Gobierno destacaron que la aprobación responde a una de las principales preocupaciones ciudadanas vinculadas a la seguridad.
Tras la votación, el presidente argentino celebró el respaldo parlamentario y pidió al Senado tratar la iniciativa con urgencia para avanzar hacia el “fin de la impunidad”. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la reforma representa un paso más cerca de endurecer las sanciones frente a delitos considerados graves, reforzando el discurso oficialista sobre responsabilidad penal juvenil.
Posturas divididas y críticas desde la oposición
La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado defendió la iniciativa señalando que fue elaborada tras consultar a especialistas en salud mental y desarrollo cognitivo, quienes sostienen que adolescentes desde temprana edad comprenden la ilegalidad de sus actos. Sin embargo, desde sectores opositores como el Frente de Izquierda cuestionaron la medida al considerar que podría profundizar la criminalización de jóvenes provenientes de sectores populares.
El respaldo de bloques como la Unión Cívica Radical refleja el clima político polarizado que rodea la reforma penal juvenil en Argentina, mientras el Senado se prepara para evaluar una propuesta que podría consolidarse como uno de los cambios legislativos más relevantes del actual gobierno.
