Tras un récord de 40 días de parálisis gubernamental, el Senado de Estados Unidos consiguió la mayoría necesaria para avanzar hacia un proyecto de ley que busca reabrir el gobierno federal. El acuerdo, que debe pasar aún por la Cámara de Representantes, permitirá restablecer los fondos para salarios, programas sociales y agencias federales hasta el 30 de enero.
ACUERDO PARA REABRIR EL GOBIERNO
Poco antes de las 23:00 horas locales, el Senado alcanzó los 60 votos requeridos para aprobar el procedimiento que allana el camino hacia la reapertura del gobierno. Siete senadores demócratas y el independiente Angus King rompieron con la línea partidaria para apoyar la medida, asegurando que “solo había un acuerdo viable sobre la mesa”.
El compromiso contempla el pago retroactivo a más de 650 mil funcionarios que no han recibido sueldo en más de un mes, además de reactivar servicios en los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias. El nuevo presupuesto se extendería hasta el 30 de enero, mientras se negocia una solución definitiva al financiamiento de programas como la Ley de Cuidado Asequible, conocida como Obamacare.
PARTIDO DEMÓCRATA DIVIDIDO
Pese al avance legislativo, el acuerdo ha generado una fuerte división dentro del Partido Demócrata. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, criticó la propuesta y acusó al presidente Donald Trump de haber “tomado como rehenes” a los ciudadanos afectados por el cierre. En la misma línea, la senadora Elizabeth Warren calificó el acuerdo como “un gran error” al no atender la crisis de salud que enfrenta el país.
Por su parte, Jeanne Shaheen, senadora de Nuevo Hampshire y una de las principales negociadoras del pacto, defendió su voto afirmativo. “Esperar una semana o un mes más no iba a significar un mejor resultado”, declaró. No obstante, el proyecto aún debe ser aprobado por la Cámara de Representantes, donde líderes como Hakeem Jeffries y Pete Aguilar han adelantado su oposición.
CIERRE CON ALTO COSTO SOCIAL Y ECONÓMICO
El cierre del gobierno, el más largo en la historia de Estados Unidos, paralizó servicios esenciales y dejó sin ingresos a miles de familias. La suspensión de programas de asistencia alimentaria, los retrasos en aeropuertos y la falta de personal en agencias clave provocaron un impacto nacional. Muchos empleados federales recurrieron a préstamos y bancos de alimentos para subsistir, mientras economistas advertían que la crisis podría afectar el crecimiento económico del país.
