El clima político argentino se intensificó luego de que el Ejecutivo liderado por Javier Milei solicitara a la Justicia allanar la sede del medio digital Carnaval y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. El pedido surgió tras la divulgación de grabaciones en las que presuntamente aparece Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, opinando sobre las tensiones internas de La Libertad Avanza. Días atrás, un juez había ordenado que se frenara la difusión de este material, lo que varios especialistas calificaron como un acto de censura.
La cartera de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, sostuvo que los audios fueron obtenidos de manera ilegal en espacios oficiales como la Casa Rosada y la Cámara de Diputados. Según la denuncia, estas grabaciones formarían parte de una operación de inteligencia destinada a afectar al Gobierno en un momento clave del calendario electoral. Desde la administración, se insistió en que existen indicios de coordinación con actores locales y extranjeros en este presunto plan de desestabilización.
Debate por libertad de prensa y legalidad
La medida generó rechazo entre juristas y comunicadores que la consideran incompatible con los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, así como con la Convención Americana de Derechos Humanos. El abogado Gregorio Dalbón, vinculado a la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, denunció penalmente a la ministra Bullrich por abuso de autoridad, alegando que la iniciativa busca amedrentar a periodistas y restringir el derecho a informar.
En paralelo, el canal de streaming Carnaval recordó que ya había difundido audios sobre supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, en los que se mencionaba a funcionarios cercanos al presidente. El caso vuelve a colocar a Karina Milei en el centro del debate político, justo cuando se aproxima la elección provincial en Buenos Aires del 7 de septiembre y los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre, instancias que serán determinantes para el futuro de la gestión libertaria.
