La medida, impulsada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), busca detectar conductas consideradas hostiles hacia EE.UU., pero ha generado alarma entre defensores de inmigrantes por la falta de claridad en la definición de qué se considera “antiestadounidense”.
ENDURECIMIENTO DE LA POLÍTICA MIGRATORIA
De acuerdo con la actualización oficial, los funcionarios de inmigración podrán investigar vínculos con organizaciones extremistas, actividad antisemita o ideologías contrarias a los principios del país. El Departamento de Estado reveló que ya se han revocado más de 6 mil visas de estudiantes este año y que las embajadas y consulados aplicarán filtros más estrictos para nuevos solicitantes.
Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, defendió la decisión asegurando que “los beneficios de Estados Unidos no deberían otorgarse a quienes desprecian al país”. Sin embargo, expertos advierten que la falta de una definición concreta de “antiestadounidense” abre espacio a interpretaciones subjetivas que podrían afectar incluso a solicitantes sin antecedentes de riesgo.
CRÍTICAS Y COMPARACIONES
El anuncio provocó críticas de abogados y académicos, quienes lo comparan con el macartismo de los años 50, cuando se persiguió a miles de personas bajo acusaciones de comunismo. La socióloga Jane Lilly Lopez advirtió que la medida “abre la puerta a prejuicios y sesgos implícitos” en los procesos de inmigración, mientras que foros en línea cuestionaron si criticar al gobierno o apoyar un alto el fuego en Gaza podría ser considerado “antiestadounidense”.
La política, que amplía el monitoreo digital iniciado en junio, refuerza la estrategia de la administración Trump de restringir la llegada de inmigrantes y estudiantes internacionales. Para los defensores de migración, la decisión desincentiva el ingreso de talento extranjero y coloca en riesgo derechos básicos de expresión, dejando abierta la pregunta sobre qué significa realmente ser “antiestadounidense” bajo esta nueva normativa.
