Un juez federal de New Hampshire bloqueó este jueves con carácter nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, una medida que iba a entrar en vigor el próximo 27 de julio. El juez Joseph Laplante, nombrado por George W. Bush, argumentó que quitar la nacionalidad por nacimiento “provoca daños irreparables” y supone un cambio abrupto de una política histórica, ordenando una pausa de siete días en su decisión para permitir al Gobierno apelar el fallo.
"TESORO" CONSTITUCIONAL
La orden de Trump había sido anunciada en su segundo día en el poder y generó controversia por contradecir la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense. El juez Laplante subrayó que “la ciudadanía estadounidense es el mayor privilegio que existe en el mundo” y sostuvo que bloquear la medida es crucial para proteger a “los niños existentes y futuros” que nacerían en suelo estadounidense, como en el caso de Barbara, la demandante principal, una ciudadana hondureña con solicitud de asilo pendiente y un hijo en camino.
REVOCAN FONDOS EDUCATIVOS A INDOCUMENTADOS
En paralelo, el Gobierno de Trump anunció que revocará a partir de agosto una normativa de la era Clinton que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a fondos públicos para programas de educación técnica y profesional. La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó que “los programas financiados por el gobierno federal deben beneficiar a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”, respaldando así la nueva interpretación de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA), que limita beneficios públicos a ciudadanos y residentes permanentes.
Este fallo judicial marca un nuevo capítulo en el debate migratorio en Estados Unidos y refleja el pulso entre la administración Trump y el sistema judicial respecto a las políticas migratorias y los derechos constitucionales de las personas nacidas en el país. La Unión de Libertades Civiles (ACLU), que impulsó la demanda, considera la decisión una victoria parcial mientras continúa la batalla legal para proteger el derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.
