La administración del presidente Donald Trump ha concluido una investigación que acusa a la Universidad de Harvard de haber infringido de forma grave el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, norma que prohíbe la discriminación en instituciones que reciben financiamiento federal. La indagación, liderada por la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos, determinó que la universidad permitió, e incluso habría sido partícipe, de conductas antisemitas contra miembros de su comunidad judía. La carta, firmada por la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, sostiene que Harvard mostró una “indiferencia deliberada” ante el hostigamiento a estudiantes, docentes y empleados judíos.
Los hallazgos, detallados en la misiva enviada al presidente interino de Harvard, Alan Garber, señalan que ocurrieron agresiones físicas, escupitajos, y exhibiciones de estereotipos antisemitas en el campus. Además, se menciona un campamento no autorizado que, según las autoridades, “generó temor y perturbó los estudios” de los afectados. Aunque la universidad aún no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto, la carta advierte que, si no se implementan de inmediato medidas correctivas, se procederá con la suspensión total de los recursos financieros provenientes del Gobierno federal.
Diálogo interrumpido y nuevas tensiones
Pese a que el presidente Trump había anunciado avances en las negociaciones con Harvard, señalando el pasado 20 de junio que la institución “actuó de manera sumamente apropiada” y que un acuerdo estaba cerca, los acercamientos se vieron truncados en los últimos días. Según declaraciones de un funcionario de la Casa Blanca, “Harvard no ha cumplido su parte del trato” y el presidente no está dispuesto a aceptar “promesas vacías” o acciones simbólicas. Las autoridades recalcan que están abiertas al diálogo, pero este debe ser “recíproco”.
Este enfrentamiento se da en el marco de una ofensiva más amplia del Gobierno contra el antisemitismo en campus universitarios, impulsada tras los episodios de violencia en Medio Oriente. No obstante, también forma parte de una estrategia política mayor que busca revisar prácticas relacionadas con diversidad, equidad e inclusión en instituciones de élite. Actualmente, el Gobierno mantiene dos procesos legales abiertos contra Harvard, uno de ellos vinculado a su manejo de fondos federales, mientras la universidad prepara una defensa legal con el respaldo de su red de exalumnos.
