El Ministerio de Salud Pública de Ecuador ha declarado la alerta epidemiológica por un preocupante aumento de casos de tos ferina, fiebre amarilla y leptospirosis. Aunque las autoridades han descartado que se trate de una epidemia nacional, reconocen la existencia de brotes localizados, especialmente en regiones con baja cobertura de vacunación y acceso limitado a servicios básicos. Las infecciones han provocado un fuerte despliegue sanitario, centrado en campañas de inmunización y uso obligatorio de mascarillas en zonas afectadas.
Brotes concentrados en regiones vulnerables
En lo que va del 2025, Ecuador ha reportado 321 casos de tos ferina, un incremento del 127% en comparación con el año anterior. Las provincias más afectadas incluyen Guayas, Manabí, Pichincha y Santo Domingo. A esto se suman tres casos de fiebre amarilla registrados en zonas fronterizas con Perú, una cifra alarmante si se considera que entre 2019 y 2023 no se notificaron contagios. La situación se agrava en la Amazonía, donde la leptospirosis ha cobrado la vida de ocho niños en Taisha, Morona Santiago, una de las regiones más empobrecidas del país.
Según el epidemiólogo Daniel Simancas, la raíz del problema está en la caída de la cobertura de vacunación tras la pandemia, lo que ha hecho más vulnerables a los niños menores de un año. Simancas advierte que el país enfrenta una sindemia —una superposición de enfermedades— agravada por deficiencias en vigilancia sanitaria, servicios de salud y acceso a agua potable. Esta combinación de factores propicia la propagación de enfermedades prevenibles y el aumento de su letalidad en comunidades marginadas.
El gobierno ha adoptado medidas de emergencia, como exigir certificados de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países vecinos, y el uso obligatorio de mascarillas por 60 días en centros educativos de las provincias más afectadas. Asimismo, se han intensificado las campañas de vacunación infantil. No obstante, expertos insisten en que estas acciones deben ir acompañadas de una estrategia estructural para garantizar salud, agua y saneamiento en las zonas más olvidadas del país.
