El gobierno de Trump justificó la detención y expulsión de casi 300 presuntos integrantes del Tren de Aragua a cárceles en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, argumentando que la organización criminal representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Según la Casa Blanca, 238 miembros del Tren de Aragua fueron trasladados a un centro de confinamiento antiterrorista en El Salvador. La administración estadounidense negoció un acuerdo con el presidente Nayib Bukele para que el país centroamericano retenga a los presuntos delincuentes a cambio de apoyo financiero.
“La expulsión de estos monstruos ha salvado innumerables vidas estadounidenses”, declaró Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Sin embargo, no se ha revelado cómo se identificó a los deportados como miembros de la organización criminal.
POLÉMICA LEGAL Y RECHAZO DE LA JUSTICIA
El juez federal James Boasberg ordenó la suspensión de las deportaciones por 14 días tras una apelación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward. No obstante, el gobierno de Trump aseguró que la medida se ejecutó antes de que se emitiera la orden judicial.
El presidente defendió su decisión afirmando que el Tren de Aragua representa una “guerra irregular” dentro de Estados Unidos. “Nos invadieron, y en ese sentido, esto es la guerra”, declaró Trump a bordo del Air Force One. Su proclamación también acusa al grupo criminal de desestabilizar la seguridad pública y respaldar los intereses del presidente venezolano Nicolás Maduro.
