Por primera vez en la historia democrática de Corea del Sur, un presidente en funciones enfrenta la posibilidad de ser arrestado. Este lunes, un equipo conjunto de investigación solicitó una orden de detención contra Yoon Suk-yeol por declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. El mandatario, destituido temporalmente por la Asamblea Nacional, aguarda la decisión del Tribunal Constitucional sobre su inhabilitación definitiva.
LA LEY MARCIAL Y EL PEDIDO DE ARRESTO
El 3 de diciembre, Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial alegando una amenaza al orden constitucional. Sin embargo, la medida fue revocada rápidamente tras la oposición de mandos militares intermedios y una votación parlamentaria que la rechazó. Según los fiscales, Yoon habría ordenado al Ejército evitar la votación, lo que constituye, en su opinión, un abuso de poder e intento de insurrección.
El equipo de investigación, integrado por la oficina anticorrupción, la Policía y el Ministerio de Defensa, presentó la solicitud ante el tribunal del Distrito Oeste de Seúl. De acuerdo con las autoridades, el presidente ignoró tres citaciones previas para ser interrogado, lo que reforzó la necesidad de su arresto, según indicaron.
DEFENSA Y ACUSACIONES CRUZADAS
Yoon niega las acusaciones, afirmando que la declaración de la ley marcial fue un "acto de gobernanza" legítimo, diseñado para prevenir lo que describió como un abuso del poder legislativo por parte de la oposición mayoritaria. Además, sostuvo que su decisión no está sujeta a revisión judicial y acusó a la Asamblea Nacional de minar al Estado surcoreano.
En un discurso reciente, el mandatario afirmó que enfrentará las investigaciones "con confianza" y que luchará "junto al pueblo" para demostrar su inocencia. También llamó a los principales partidos políticos a evitar "prácticas imprudentes y beligerantes" que podrían afectar la estabilidad del país.
PRECEDENTE EN LA POLÍTICA SURCOREANA
La situación marca un hito en la democracia surcoreana. Desde su destitución temporal el pasado 14 de diciembre, Yoon permanece fuera de sus funciones, mientras el Tribunal Constitucional evalúa si lo restituye o lo inhabilita definitivamente antes de junio.
Este enfrentamiento político y legal pone en jaque a una nación que enfrenta complejos desafíos internos y externos, especialmente en medio de tensiones persistentes con Corea del Norte. La comunidad internacional sigue de cerca el desenlace de esta inédita crisis en Corea del Sur.
