En un giro inesperado, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, enfrenta una investigación policial tras ser denunciado por supuesta traición. El polémico decreto de ley marcial, que fue revocado días después, ha desatado una crisis política de proporciones, involucrando también a altos cargos de su administración en las acusaciones.
ORIGEN DE LAS DENUNCIAS
Este jueves, la Policía surcoreana confirmó que el caso ha sido asignado al equipo de investigación de Seguridad bajo la Oficina Nacional de Investigación. Las denuncias fueron presentadas por el partido opositor Rebuilding Korea Party y un grupo de 59 activistas, quienes acusan al mandatario de usar la ley marcial con fines políticos. Además, señalan al exministro de Defensa Kim Yong-hyun, al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Park An-su, y al ministro del Interior, Lee Sang-min, por su papel en la ejecución de estas acciones.
El decreto, emitido el pasado martes y rápidamente revocado, habría incluido órdenes de bloquear a los legisladores en la Asamblea Nacional, según declaraciones del viceministro de Defensa, Kim Seon-ho. Estas acciones generaron una ola de críticas, destacándose el papel clave de Kim Yong-hyun, quien presentó su renuncia tras el escándalo.
UNA MOCIÓN QUE PODRÍA CAMBIAR EL RUMBO POLÍTICO
La oposición no ha tardado en reaccionar. El Partido Democrático (PD), principal formación opositora, anunció su intención de votar este sábado una moción para destituir al presidente Yoon Suk-yeol. La moción, respaldada por 191 parlamentarios opositores, fue presentada en la madrugada del jueves, subrayando la urgencia y gravedad de la situación.
Este caso no solo expone tensiones políticas internas, sino que también ha captado la atención internacional. Las acusaciones contra el mandatario y sus funcionarios han encendido el debate sobre los límites del poder presidencial en Corea del Sur y las consecuencias de decisiones políticas controvertidas como la declaración de ley marcial.
