En una comparecencia televisada de madrugada, el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, informó que pondrá fin a la ley marcial declarada horas antes en medio de un clima de tensiones políticas y protestas masivas.
El mandatario justificó inicialmente la medida como necesaria para preservar el "orden constitucional" frente a lo que denominó "actividades antiestatales" del Partido Democrático (PD), principal bloque de oposición con mayoría en el Parlamento.
La decisión de declarar la ley marcial se produjo tras la aprobación de presupuestos generales para 2025 por parte del Partido Democrático, que excluyeron al oficialista Partido del Poder Popular (PPP), debilitando aún más la posición del gobierno de Yoon. Además, el PD presentó mociones para destituir al fiscal general y al responsable de monitorear las cuentas públicas, lo que generó una respuesta contundente del presidente.
Sin embargo, la Asamblea Nacional respondió convocando una sesión plenaria extraordinaria en la que 190 de sus miembros votaron a favor de levantar la medida, obligando al presidente, según la Constitución surcoreana, a revocar la ley marcial. Horas después, Yoon confirmó que las tropas desplegadas para garantizar la medida habían regresado a sus cuarteles.
REACCIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
El anuncio de la ley marcial por parte de Yoon encendió alarmas internacionales. Estados Unidos expresó "gran preocupación" por la situación, instando a una resolución pacífica y respetuosa del estado de derecho.
Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, destacó la necesidad de acatar la decisión del legislativo surcoreano y confirmó que Washington no fue informado previamente de la declaración de la ley marcial.
"Esperamos que esto se resuelva pacíficamente y respetando las instituciones democráticas de Corea del Sur", agregó Patel, subrayando que el Departamento de Estado está en comunicación constante con sus contrapartes en Seúl.
