El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la sanción a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusados de obstruir el proceso electoral y violar los derechos civiles en las recientes elecciones del 28 de julio. Las medidas afectan a jueces, militares y personal de inteligencia que, según Washington, participaron en las "fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria" de Nicolás Maduro y en la represión de la libertad de expresión.
Entre los sancionados destacan los jueces Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Malaquías Gil Rodríguez, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Caryslia Rodríguez y Fanny Márquez Cordero. Además, también se encuentran en la lista negra el secretario general del CNE, Antonio José Meneses, y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio. “El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave que han facilitado la represión y la manipulación electoral”, declaró el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
REPRESIÓN Y EXILIO: LA HUIDA DE GONZÁLEZ URRUTIA
Desde la celebración de los comicios, el régimen de Maduro ha intensificado su persecución contra la oposición, arrestando indiscriminadamente a ciudadanos que han ejercido sus derechos políticos y civiles. El comunicado del Departamento del Tesoro denuncia que estas tácticas incluyen la emisión de órdenes de arresto contra líderes opositores, obligando a algunos a huir del país. Uno de los casos más notorios es el de Edmundo González Urrutia, representante de la opositora María Corina Machado, quien se vio obligado a exiliarse en España tras recibir amenazas directas.
González Urrutia actuó como portavoz de Machado luego de que la líder fuera inhabilitada políticamente y no pudiera participar en los comicios. A pesar de las adversidades, la oposición venezolana asegura que ganó las elecciones por un amplio margen, una afirmación que ha desatado protestas masivas en el país.
PROTESTAS Y REPRESIÓN: VENEZUELA EN CRISIS
La proclamación de la victoria de Maduro para un tercer mandato de seis años ha desatado una ola de protestas en todo el país, dejando un saldo trágico de 27 muertos, alrededor de 200 heridos y más de 2.400 detenidos, a quienes el régimen chavista ha calificado de "terroristas". Las manifestaciones, que buscan denunciar el fraude electoral y la represión sistemática, han sido respondidas con fuerza por las fuerzas de seguridad del Estado, exacerbando la crisis social y política en Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos ha instado a la comunidad internacional a condenar las acciones del régimen de Maduro y a apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la democracia. Las sanciones impuestas buscan presionar al liderazgo chavista para que respete los derechos civiles y detenga la represión contra la oposición.
