Fiscalía de Bolivia acusa a Luis Camacho y a expresidenta de forzar la renuncia de Evo Morales en 2019
El principal opositor boliviano ha sido acusado de la presunta comisión del delito de terrorismo y solicitan una pena de 20 años de cárcel.
El principal opositor boliviano ha sido acusado de la presunta comisión del delito de terrorismo y solicitan una pena de 20 años de cárcel.
Este martes, la Fiscalía de Bolivia acusó a Luis Fernando Camacho, principal opositor y gobernador de la región de Santa Cruz, y a la expresidenta Jeanine Áñez de forzar la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019.
“Se ha podido identificar que su conducta (de Camacho) se adecúa a la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, incitación pública a delinquir, asociación delictuosa”, indicó el fiscal Omar Mejillones en una rueda de prensa.
Como bien se sabe, el empresario de 45 años fue detenido el 28 de diciembre de 2022, tras ser acusado de promover un denominado ‘golpe de Estado’ contra Morales. En aquel entonces, pidió públicamente al expresidente boliviano su dimisión luego de acusarlo de incitar un fraude electoral para quedarse en el poder hasta el 2025.
En el marco de numerosas manifestaciones en contra del gobierno izquierdista, Camacho anunció que iría hasta las oficinas de Evo para que firmara una carta de renuncia y llegó a La Paz el 10 de noviembre del 2019; sin embargo, el expresidente ya había dimitido desde la región cocalera del Chapare.
El fiscal precisó que el principal delito por el que se acusa a Camacho es por el de terrorismo y solicitan una pena de 20 años de cárcel. El hijo del gobernador, Luis Fernando Camacho, denunció que "los móviles (del pedido fiscal) son políticos para mantener la detención ilegal de mi padre”.
JEANINE ÁÑEZ
Por otro lado, la Fiscalía boliviana señala que la pena sobre Jeanine Añez sería menor por solo actuar como “cómplice”. Ella cumple, desde junio de 2022, otra sentencia de 10 años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
El fiscal Mejillones informó que dicho requerimiento será remitido a un juez penal que tomará los recaudos para la apertura del proceso.
(Con información de AFP)
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