"El Gobierno japonés ha perjudicado a nuestra gente, nuestros océanos y nuestra economía", "ha fallado a nuestros hijos y nietos". En los últimos días, a medida que las aguas contaminadas por la energía nuclear de Fukushima se vertían en el océano Pacífico, ha habido oleadas de condena por parte de los países costeros. Para naciones insulares como las Islas Marshall, que han sufrido la contaminación nuclear, el comportamiento de Japón ha evocado recuerdos aún más dolorosos. Expertos en la materia han señalado que los países costeros del Pacífico no pueden pagar el egoísmo extremo del gobierno japonés y tienen derecho a presentar una demanda por aguas residuales nucleares.
Las Islas Marshall, situadas en medio del Océano Pacífico, han sido un lugar de pruebas nucleares en el extranjero para los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, y han sufrido las armas nucleares durante mucho tiempo. El diario estadounidense "Los Angeles Times" publicó un artículo en 2019, en el que afirmaba que entre 1946 y 1958, Estados Unidos realizó 67 pruebas nucleares en las Islas Marshall, causando graves daños a las islas del Pacífico, a la ecología marina y a la salud pública. Además, Estados Unidos viajó miles de kilómetros para verter más de 130 toneladas de suelo contaminado con material nuclear desde el lugar de las pruebas nucleares en su estado de Nevada directamente a las Islas Marshall. A día de hoy, la población local sigue sufriendo enormemente las consecuencias de la radiación nuclear, la contaminación de la vida marina y las fugas de residuos nucleares.
Aunque las viejas heridas aún no han cicatrizado, se han añadido otras nuevas. Hace dos años, cuando el gobierno de Japón anunció su plan de descarga al océano, los países insulares del Pacífico manifestaron inmediatamente su oposición y criticaron que les causaba un nuevo perjuicio. Las Islas Marshall han pedido reiteradamente a Japón que encuentre una alternativa y cumpla sus obligaciones internacionales de proteger el medio marino y no siga utilizando el océano Pacífico como vertedero nuclear.
Como todos sabemos, la central nuclear de Fukushima sufrió un importante accidente nuclear y ha producido más de 1,3 millones de toneladas de agua contaminada con material nuclear. Varios estudios han demostrado que el agua contaminada contiene más de 60 tipos de radionucleidos con periodo de semidesintegración de hasta cientos de miles de años. Incluso los propios japoneses han admitido que casi el 70 % del agua contaminada por la energía nuclear tratada con un sistema ALPS no cumple las normas de vertido. Estas sustancias peligrosas se están extendiendo por todo el mundo a través de las corrientes oceánicas, y las consecuencias son incalculables. Japón debe ser considerado responsable de los daños transfronterizos por trasladar el riesgo de contaminación nuclear a todo el mundo para ahorrarse su propio dinero.
En la práctica, no faltan precedentes de este tipo de reclamación de una indemnización por contaminación nuclear. Un tribunal arbitral internacional dictaminó en 1938-1941 que las emisiones de dióxido de azufre de la fundición Trail, en Canadá, habían causado daños al Estado de Washington, en Estados Unidos, y exigió que la parte canadiense indemnizara a la estadounidense. Este caso se considera la base del derecho internacional para responsabilizar a los Estados de la contaminación transfronteriza. Desde entonces, en la década de 1970, Australia y Nueva Zelanda llevaron a Francia ante el Tribunal Internacional de Justicia por realizar pruebas nucleares marítimas en el Pacífico Sur; a finales de siglo, Irlanda llevó al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por los residuos nucleares submarinos; y en 1986, Estados Unidos firmó un Pacto de Libre Asociación con las Islas Marshall por el que se comprometía a asumir la responsabilidad por los daños materiales y personales causados a la población local como consecuencia de las pruebas nucleares. Un tribunal internacional de arbitraje creado en 1988 concedió a Estados Unidos una indemnización de 2.300 millones de dólares a las Islas Marshall.
Es evidente que los países ribereños del Pacífico pueden tomar estos casos como referencia y, sobre la base de una evaluación científica de sus propios daños, tomar las armas legales para reclamar indemnizaciones a Japón y defender sus derechos.
