A través de un informe, Amnistía Internacional acusó el miércoles a las farmacéuticas que producen vacunas contra la COVID-19 de alimentar una "crisis de derechos humanos sin precedentes". Pidió 2.000 millones de dosis para los países pobres.
La ONG afirma que la mayoría de estas empresas no dan prioridad a los países más pobres. La secretaria general, Agnes Callamard, brindó un comunicado.
Indicó que este debería ser el momento "de aclamar a estas empresas" como héroes. Sin embargo, "para su vergüenza y nuestro dolor colectivo", se bloquea intencionalmente "la transferencia de conocimientos".
"EN FAVOR DE LOS RICOS"
Denunció además "sus maniobras a favor de los estados ricos", que han creado una escasez "totalmente previsible y totalmente devastadora para muchos otros".
Tras analizar políticas de AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y Novavax, concluyó que "en diversos grados (...) han incumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos".
De los 5.760 millones de dosis administradas, solo el 0,3% se destinó a países de renta "baja", mientras que el 79% se destinó a países de renta "media-alta" y "alta", según la organización.
Pfizer, BioNTech y Moderna planean obtener un total de 130.000 millones de dólares de beneficios para finales de 2022, según Amnistía. "Los beneficios nunca deberían estar por encima de las vidas".
