El último domingo, el diario español El País publicó un artículo en el que analiza la actual disputa entre el Gobierno Peruano y Telefónica.
El artículo hace referencia al reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se indica que América Latina ha reducido su proyección de crecimiento previsto para 2019 y 2020, y destaca que México y Brasil serían los más afectados debido a la incertidumbre generada por no conocer las políticas económicas que aplicarán sus nuevos gobernantes.
La nota periodística destaca que, frente a la “debilidad de las grandes economías de la región “, para el Perú se prevé un crecimiento constante para los próximos años que bordea el 4,0% y pone al sendero de nuestra economía como ejemplo de que es “posible protegerse frente a las inclemencias de los mercados y mantener un ritmo de crecimiento elevado”, el mismo que es “sostenido por el consumo privado”.
El análisis resalta que el “Perú tiene la oportunidad de consolidar su crecimiento y proyectar una imagen diferencial frente a la vulnerabilidad crónica” que acecha a los demás países de la región.
Luego de dar todo este contexto, la nota sostiene que “llama la atención” la forma en que se está manejando la disputa entre el Estado Peruano con Telefónica Perú con respecto a la “deducción fiscal de los gastos financieros y el tratamiento de las provisiones por impagos de clientes”.
Los autores, Diego Vizcaíno y Arturo Rojas, consideran además como “un periodo excesivo" que los recursos y sentencias de las autoridades se hayan prolongado durante casi 20 años, lo que habría generado un volumen de intereses de demora que representa hasta ahora en gran medida el importe reclamado por el fisco peruano.
Con estos intereses, continúa el artículo, el monto es de tal magnitud que podría afectar a un servicio básico como son las comunicaciones, lo que a su vez podría tener un efecto negativo en el empleo y en las competencias del sector.
El texto finaliza señalando que las “discrepancias entre las empresas y las autoridades fiscales sobre el tratamiento de operaciones o deducciones “ es habitual, pero señala que no es tan común que el gran parte del importe reclamado provenga de intereses de demora de devengados que corresponden a varias décadas.
Esto representaría un ambiente de “inquietud” para el accionar de las empresas extranjeras, advierte, particularmente en un momento en que el Perú requiere de inversión directa para agilizar el desarrollo de sus infraestructuras físicas y digitales.
