Desde 1967, la población palestina se cuadruplicó, ascendiendo a más de 300 mil, casi el 40% de la población. Sin embargo, las autoridades municipales israelíes en Jerusalén oriental consideran que los palestinos sólo pueden construir en el 9% del suelo.
Para los palestinos, los permisos de construcción son prohibitivamente caros y los procesos burocráticos hacen que sean difíciles de obtener. Muchos de ellos, optaron por construir sus propias casas sin permisos, pese a la amenaza de demolición. Algo que finalmente ocurrió, y es que Israel declaró que 20 mil de estas viviendas ilegales deben de ser demolidas.
Algunos de los propietarios de estas edificaciones tomaron la difícil decisión de ser ellos mismos los que derriben su hogar para evitar el alto coste de un proceso judicial contra esta decisión o el pago de una multa a la municipalidad para que sean sus operarios los que realicen la demolición.
Muchos se quedaron sin hogar, o tuvieron que marcharse lejos del centro de la ciudad. Otros optaron por permanecer en las ruinas de las propiedades que ellos mismos derribaron.
