La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió hoy un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos de la policía, tanto en las protestas registradas desde abril de 2017 como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores.
Según la información recopilada por la Fiscalía de la CPI, los agentes utilizaron "con frecuencia" una "fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones contra el gobierno" y detuvieron y encarcelaron "a miles de miembros de la oposición".
Otro punto del examen preliminar se refiere al trato recibido por los detenidos después de las manifestaciones contra Nicolás Maduro, pues, según la Fiscalía del ente internacional, algunos de ellos fueron "presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato".
A partir de ahora, la Fiscalía de la CPI mantendrá contactos con las autoridades venezolanas para evaluar las investigaciones y enjuiciamientos relevantes llevados a cabo en su sistema jurídico nacional.
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo genuinas indagaciones sobre los hechos investigados.
El paso dado hoy por la Fiscalía tiene como origen los datos enviados a La Haya por diversas fuentes, aunque el organismo se reserva el derecho a utilizar informes adicionales que podría recibir en el transcurso de sus pesquisas.
Una de esas fuentes fue la ex fiscal venezolana Luisa Ortega, que en noviembre del año pasado se reunió con personal de la Fiscalía de La Haya para entregarle pruebas de supuestos abusos cometidos por la policía entre 2015 y junio de 2017.
