Nuestro columnista Víctor Quijada recuerda que la Constitución señala que el cargo de Presidente vaca por su permanente incapacidad moral declarada por el Congreso, podría ser aplicable a aquellas conductas graves que, sin ser delitos deterioren la dignidad presidencial, que hagan que no pueda ser posible que mantenga el cargo.
Indica también que los cuestionamientos a Vizcarra datan de su gestión cuando fue gobernador regional hace siete años, el primero sobre el contrato lomas de Ilo y el segundo sobre el hospital de Moquegua. Lo común de ambos contratos públicos es que en ninguno intervino de manera directa el presidente.
Esta responsabilidad recae sobre las áreas de infraestructura, inversiones, abastecimiento, comité de selección, gerencia regional, e incluso para una de las obras en un organismo internacional como la UNOPS, cuya función era de velar por la eficiencia y probidad del proceso, afirma Quijada.
Finamente, apunta que hay acusaciones de pago de coimas al presidente por aspirantes a colaboradores eficaces, por ende, debe actuarse con responsabilidad sobre imputaciones que no son corroboradas. Hay un trasfondo político que busca pretextos para postergar las elecciones para mantener el establishment.
