Según nuestro columnista, Víctor Quijada, la contratación pública se formaliza por ley en el Perú en los cincuenta, incluso desde antes este sistema de gestión pública ha estado plagado de contratos abusivos y que han tapado actos de corrupción históricos.
Durante estos últimos cuarenta años hemos visto como el contrato público ha sido deformado para cubrir y enriquecer a corruptos en el más alto nivel, sonados son los casos Lava Jato y el Club de la Construcción.
Hoy en plena pandemia a pesar de la urgencia, hemos visto como malgastan el dinero del Estado, favorecen a proveedores cuestionados, a familiares, etc, a pesar de que existen órganos fiscalizadores como el OSCE, la Contraloría, el Congreso, la Fiscalía, entre otros.
Claros ejemplos son las compras de las canastas, de las pruebas para coronavirus, la compra de las tablets, los contratos a favor de amigos y familiares del presidente, y a favor de familiares de la ministra de economía.
Lo cual hace pensar, señala Quijada, que se requiere una reingeniería en este sistema de gestión pública y el Estado, pero esto requiere un cambio estructural que va más allá del aspecto normativo.
