En una nueva entrega de Entre Dudas y Murmuraciones, Víctor Hugo Quijada señaló que el caso de Tía María no se trata de un problema legal y que, más allá del impacto económico, es un problema de falta de comunicación.
El analista explicó que el procedimiento de concesión minera está regulado en la Ley General de Minería, “se inicia con el petitorio minero y culmina con la concesión, que es un acto administrativo”.
“Más allá del impacto económico, este es un problema de falta de comunicación y concientización del proyecto. La responsabilidad recae plenamente en el Gobierno y la empresa, quienes son los competentes para hacer el trabajo previo y obtener la famosa licencia social”.
Señaló que la situación es aprovechada por los “gremios sandías, verdes por fuera y rojos por dentro”, que azuzan a la población ante la ausencia del Estado y la empresa, para paralizar el proyecto. Quijada resaltó además que legalmente no existe la figura de anulación o cancelación.
“La ley de procedimiento administrativo general solo determina la figura de la suspensión, la nulidad y la revocación”.
