La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) advirtió que los ciudadanos extranjeros que reingresen de manera ilegal al territorio peruano, pese a contar con una orden previa de expulsión, podrían recibir penas privativas de libertad de hasta 7 años.
El abogado internacionalista Miguel Porras explicó que esta máxima severidad punitiva se aplica específicamente cuando el reingreso clandestino se consuma mediante la falsificación de documentos, engaños o el uso de diversas artimañas.
Asimismo, el especialista detalló que el marco normativo contempla la detención judicial obligatoria en casos de flagrancia por un plazo de hasta 10 días. Ante esta situación, el fiscal a cargo tiene la obligación legal de requerir dicha medida restrictiva de la libertad para procesar con celeridad a los infractores que burlan las disposiciones migratorias vigentes en el país.
Deficiencias en control fronterizo
A pesar de las severas penalidades anunciadas, el abogado Miguel Porras advirtió que persisten profundas deficiencias operativas en los controles migratorios nacionales. El especialista señaló que las fronteras del país operan lamentablemente como "coladeras", permitiendo que personas sancionadas vulneren los límites territoriales sin encontrar suficientes barreras de contención estatal.
La falta de un control fronterizo riguroso facilita que los extranjeros expulsados logren retornar al territorio peruano, quedando expuestos a las sanciones penales tras consumarse su ingreso irregular.