En entrevista con Buenos Días Perú, el abogado penalista César Nakazaki se pronunció sobre la situación del expresidente Martín Vizcarra, quien en las próximas horas podría ser trasladado a un penal distinto a Barbadillo, establecimiento en el que actualmente se encuentra.
Nakazaki recordó que Barbadillo fue creado por decreto supremo durante el gobierno de Alan García, tras la extradición de Alberto Fujimori, siguiendo el ejemplo de Chile, que no confinó al expresidente en una cárcel pública sino en una institución especial de la Gendarmería. “Un presidente personifica la nación. Por razones de seguridad, ninguna cárcel pública puede garantizar la protección que requiere un exjefe de Estado”, subrayó.
Critica al INPE y al Ministerio de Justicia
El penalista expresó su preocupación porque, según dijo, el actual jefe del INPE desconoce el origen y las normas que regulan Barbadillo. “Ha señalado que Vizcarra no debería estar allí porque sus procesos no están vinculados al ejercicio presidencial, pero eso es falso. Ollanta Humala también está en Barbadillo y sus investigaciones corresponden a financiamiento de campaña, no a actos de gobierno”, recordó.
Asimismo, emplazó al ministro de Justicia a explicar la designación del actual titular del INPE, a quien calificó como un funcionario sin experiencia en derecho penitenciario. “Las cárceles del país requieren ser dirigidas por especialistas. De lo contrario, corremos el riesgo de ensuciar un caso penal sólido con un trato desigual frente a otros expresidentes”, advirtió.
Posibles acciones legales
De concretarse el traslado de Vizcarra a un penal común, como Lurigancho, Nakazaki señaló que la defensa podría presentar un habeas corpus correctivo para revertir la medida. “Ese recurso procede cuando se ejecuta indebidamente una medida cautelar o una pena. En este caso, correspondería”, puntualizó.
Finalmente, Nakazaki advirtió que un manejo inadecuado del caso podría generar controversias innecesarias y restar seriedad a las investigaciones contra el exmandatario, quien enfrenta procesos por presuntos actos de corrupción.
