En lo que va del 2025, el país ha registrado más de 9 mil denuncias por extorsión, cifra que representa un aumento del 20 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este alarmante crecimiento ha reactivado el debate sobre la necesidad de frenar la venta informal de chips telefónicos, muchas veces utilizados para cometer delitos.
Ante esta situación, el Congreso aprobó una ley que propone sancionar penalmente a quienes comercialicen, promocionen o activen chips de manera ilegal en la vía pública. La norma apunta a frenar uno de los principales canales que utilizan las mafias para operar con impunidad.
CONGRESO LO APROBÓ, PERO GOBIERNO LO FRENÓ
Sin embargo, el Ejecutivo decidió observar la propuesta legislativa. El argumento central fue que dicha ley podría afectar a personas que adquieren o venden estos productos sin intención delictiva, e incluso sin conocer el origen ilícito del chip. “Se sancionaría a gente sin voluntad de cometer una actividad criminal”, advirtió la observación oficial.
El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, sostuvo que aunque la propuesta parece efectiva a nivel discursivo, presenta vacíos técnicos que complican su aplicación judicial. “La pregunta es si realmente estamos preparados para probar que un chip vendido en la calle fue usado para extorsionar. El sistema judicial necesita mecanismos más precisos”, explicó.
Otro punto observado es que ya existe un marco legal que prohíbe la venta ambulatoria de chips, con sanciones administrativas vigentes. Según Osiptel, entre 2020 y 2024, las operadoras recibieron multas por más de 95 millones de soles por permitir estas prácticas.
Además, el ente regulador indicó que ha facilitado herramientas para que la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial accedan en tiempo real a información sobre líneas telefónicas, titularidad y movimientos relacionados.
Ahora, el Congreso deberá decidir si modifica el dictamen para atender las observaciones o si opta por aprobarlo por insistencia
