El asesinato de Andrea Vidal, exabogada del Congreso, sigue destapando graves irregularidades dentro del Parlamento. Según un informe de Perú21, la Policía Nacional (PNP) identificó a seis personas vinculadas a la planificación y ejecución del crimen, ocurrido en diciembre de 2024.
Las pesquisas revelan que Vidal habría formado parte de una presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso. La fiscal Claudia Montero Soto confirmó que la abogada ofrecía servicios sexuales en hoteles y alojamientos tipo Airbnb en distritos como San Isidro, Lince y La Victoria, incluso en horarios laborales. Entre los involucrados en el caso figura Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.
La PNP determinó que los sicarios que la atacaron usaron el mismo tipo de munición empleada en otros homicidios registrados en Comas, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador entre 2023 y 2024. Las cámaras de seguridad muestran que los asesinos la siguieron desde la casa de su expareja hasta el lugar donde fue interceptada.
El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, indicó que el ataque habría sido un asesinato por encargo. “Desde que salió de la casa de su novio, ya la estaban siguiendo. Hubo un trabajo de marcaje previo”, explicó. La hipótesis apunta a que los sicarios recibieron información sobre los movimientos de la víctima antes de perpetrar el crimen.
CONTRATACIÓN IRREGULAR
Por su parte, el congresista Carlos Zeballos, miembro de la Comisión de Fiscalización, admitió que hay indicios de contratación irregular en el Congreso, pero señaló que aún no se han encontrado pruebas que vinculen a legisladores con la red de prostitución.
Se espera que el informe final de la Comisión de Fiscalización sea presentado antes del 24 de marzo. Mientras tanto, la tumba de Vidal permanece en un camposanto de Lunahuaná, lejos de la atención mediática.
