El partido Perú Libre habría utilizado de manera irregular hasta 135 mil soles del financiamiento público directo para pagar la defensa legal de su líder prófugo, Vladimir Cerrón. El congresista Flavio Cruz reconoció que, de confirmarse la observación hecha por la ONPE, el partido asumiría su responsabilidad y devolvería el dinero. Además, señaló que otras agrupaciones políticas también tienen observaciones similares.
No solo Perú Libre estuvo involucrado en este tipo de manejos financieros. Durante el 2024, el partido Fuerza Popular destinó 142 mil soles, Avanza País 146 mil, Alianza para el Progreso más de 97 mil y Acción Popular más de 35 mil soles antes de la aprobación de la norma que permite dicho uso. Es decir, los partidos ya habían mal utilizado estos fondos antes de que la ley los exculpara.
El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla explicó que esta situación constituye una falta administrativa y no un delito penal. Según el exjefe de la ONPE, la normativa original establecía que los fondos públicos debían utilizarse para gastos ordinarios como alquileres, servicios y capacitaciones de cuadros políticos, pero en ningún caso para costear la defensa legal de dirigentes procesados.
POLÉMICA LEY 32254
Pese a las irregularidades detectadas, el Ejecutivo promulgó el pasado 1 de febrero la Ley 32254, que ahora sí permite el uso del financiamiento público para estos fines. En la práctica, esto significa que el Gobierno terminó convalidando una práctica que antes era considerada indebida.
