El abogado penalista Julio Rodríguez calificó como un acto de populismo las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre la posibilidad de implementar la pena de muerte en Perú. En una entrevista, Rodríguez señaló que esta medida, planteada en respuesta al asesinato de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo, tendría profundas implicancias legales y sociales para el país.
El letrado explicó a Buenos Días Perú que, actualmente, la pena de muerte solo está permitida en Perú en casos de traición a la patria durante guerra externa, según los tratados internacionales suscritos. “Revertir un tratado como el que el Perú ha firmado no solo es un tema temporal, sino que tendría consecuencias económicas y diplomáticas”, afirmó.
Además, resaltó el problema del error judicial, considerando que el sistema de justicia peruano tiene un elevado margen de fallos. “Imaginen condenar a pena de muerte a una persona y, años después, descubrir que era inocente. Eso es irreversible y muy grave”, añadió.
PENA NO PREVIENE LA DELINCUENCIA
El especialista también desestimó la idea de que esta radical medida pueda disuadir la criminalidad. “El derecho penal no previene la delincuencia. Lo que se necesita son políticas preventivas, punitivas y disuasivas que incluyan inversión en tecnología, capacitación policial y patrullajes efectivos”, dijo.
Rodríguez hizo hincapié en que el castigo no puede ser la única herramienta contra la delincuencia, y criticó la falta de acciones concretas para reforzar la seguridad ciudadana. “Tenemos estados de emergencia que no se traducen en patrullajes ni en presencia de fuerzas armadas en puntos críticos”, señaló.
El abogado calificó el anuncio de Boluarte como un discurso vacío e inviable a corto plazo. “Este tipo de declaraciones evidencian la desesperación de un gobierno con baja aprobación. Es un intento por generar impacto sin sustento real ni plan de acción claro”, comentó.
Rodríguez instó al gobierno a priorizar medidas como la implementación de cámaras de vigilancia interconectadas, drones y un aumento en la presencia policial en las calles. También destacó la necesidad de revisar el sistema penitenciario y judicial para reducir el hacinamiento y la mora procesal, señalando que más del 60% de los presos en el país son preventivos o no tienen sentencia firme.
“En lugar de buscar soluciones radicales como la pena de muerte, deberíamos trabajar en fortalecer las instituciones y promover políticas integrales que realmente impacten en la seguridad de los ciudadanos”, concluyó.
