Como era de esperarse, tras la confirmación del exprimer ministro Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre que la mandataria Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en el año 2023, pero se mantuvo realizando las labores correspondientes al cargo, ha llevado a la Fiscalía de la Nación a tomar la medida.
Mediante un comunicado compartido en las redes, la Fiscalía de la Nación inicia una investigación preliminar contra Boluarte Zegarra por no comunicar al Consejo de Ministros ni al Congreso de la República sobre el mencionado procedimiento quirúrgico al que se sometió.
La investigación contra la mandataria se realiza por la presunta comisión de los delitos de omisión de actos funcionales, y/o alternativamente abandono de cargo.
¿Hubo abandono del cargo presidencial?
A Dina Boluarte se le acusa de haber cometido el presunto delito de abandono del cargo presidencial por someterse a una intervención sin notificar al Congreso de la República.
Sobre esta presunta falta, en comunicación con Buenos Días Perú, el exprocurador anticorrupción Iván Meini señala que “A Dina Boluarte se el investiga por dos delitos, uno es la omisión de funciones y el otro por el abandono del cargo, estas indagaciones contienen estas dos imputaciones de manera alternativa, lo que significa que en el trascurso de la investigación la Fiscalía podría inclinarse por una de ellas”.
“Sin embargo, a la luz de los datos que se han conocido hasta el momento, resulta todavía bastante complicado hablar de la comisión de alguno de estos dos delitos” agregó el exprocurador anticorrupción.
En otro momento, indicó que “En el caso del delito de omisión de funciones, se sanciona al funcionario que omite ilegalmente un acto propio de sus funciones, la pregunta sería ¿Cuál habría o habrían sido lo actos que la señora Boluarte habría omitido como presidenta de la República a raíz de someterse a la operación de rinoplastia?, desde mi punto de vista no se habría identificado hasta ahora los actos que habría omitido”.
Cabe señalar que, sobre el entorno de la presidenta que guardó silencio por este presunto delito, para el exprocurador anticorrupción, “Esa sería una responsabilidad política eventualmente penal, por haber omitido informar o haber dado una versión distinta de lo que realmente sucedió”.
